CENTRO
COMUNITARIO LA ALAMEDA.
Vecinos reclaman la expropiación de una vivienda
donde funciona un centro comunitario
26/04/2005
-
Ciento cuarenta personas que concurren a un
comedor comunitario donde almuerzan y trabajan en
seis emprendimientos laborales autogestivos y una
cooperativa de vivienda, resisten intentos de
desalojo violentos e inspecciones judiciales que
no han logrado su objetivo. Demandan el
tratamiento de una nueva ley de expropiación, y
que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos
Aires no vete la norma si es aprobada.
Por Sebastián Ochoa
El
trabajo de las organizaciones de base suele
desarrollarse en lugares afectados por problemas
sociales y económicos. Pero en el centro
comunitario La Alameda, en el barrio porteño de
Parque Avellaneda, tienen que luchar no sólo con
los conflictos de cada uno de las personas a las
que asiste, sino también con los vecinos que no
los quieren ahí. Argumentan que su presencia baja
el valor de sus propiedades y propicia que por el
barrio deambulen “delincuentes” y “drogadictos”
que hicieron que “creciera la inseguridad en el
barrio” y “la mugre”.
La
indignación de estos vecinos no se queda en las
palabras. Con aceitadas relaciones en círculos
políticos de derecha y en la Liga de Rematadores,
buscaron maniobras legales que les ayudaran a
cerrar la ONG. Hasta el momento, La Alameda sufrió
un intento de desalojo y pasó por una inspección
judicial post Cromañón que no pudo realizar
objeciones al funcionamiento del comedor y de los
diversos emprendimientos laborales que funcionan
allí. Pero a su coordinador, Gustavo Vera, se lo
procesó por el delito de “usurpación”.
Por
esta situación, Vera denuncia que en la entidad
“fuimos víctimas de una estafa”, y afirma que
quienes no quieren a la ONG en el barrio “son
racistas que están molestos por la participación
social de bolivianos y peruanos”.
Mientras tanto, esperan que de una vez por todas
la Legislatura porteña sancione la ley de
expropiación que ponga punto final al conflicto.
La
Alameda fue concebida en diciembre de 2001, cuando
“los del barrio nos juntábamos para ver cómo
íbamos a Plaza de Mayo”, cuenta Vera a AUNO-Tercer
Sector. Con sus ganas de discutir y de construir
formaron la Asamblea 20 de Diciembre, hoy
integrada por 60 vecinos. En ese momento, en la
esquina de Lacarra y Directorio, había una antigua
casa desocupada y derruida. Sus 240 metros
cuadrados eran el escenario ideal para sus
proyectos laborales destinados a los numerosos
desocupados de la zona. Sólo tuvieron que hablar
con los ocho propietarios del inmueble y
obtuvieron las llaves. “Hemos entrado con contrato
de alquiler –dice Vera--, pero fuimos víctimas de
una estafa”, ya que “nosotros y los dueños
estábamos hablando con la jueza Mónica Atucha de
Ares para que se dictaminara la expropiación por
parte del Estado del inmueble y a ellos se les
pagara su valor, que es de 350 mil pesos”.
Pero
dos factores ajenos a La Alameda hicieron que esta
situación que era favorable se diera vuelta.
Primero está la Legislatura porteña, que “se
atrasó dos años en tratar la expropiación. Es que
en ese momento a ninguno de los legisladores le
interesaba colaborar con una ONG independiente”,
observa Vera. La segunda causa fue “la mafia de
los rematadores, que empezaron a comerle la cabeza
a los dueños. Los visitaban y les decían que a la
plata de la expropiación no la iban a cobrar
nunca”. Con notable facilidad de palabra, los
rematadores a los que acusa Vera “le compraron la
propiedad a los dueños por el precio vil de 90 mil
pesos, cuando vale 350 mil”, sostiene.
“Con
la devaluación se hicieron muchas operaciones
desesperadas de este tipo, en las que una
propiedad se vendía por dos mangos. Para los
rematadores es como la timba: ponen muy pocos
manguitos cada uno y van detrás de una operación”.
Por este manejo se convirtió en propietario
“Mauricio De Marco, uno de los testaferros de esa
mafia”. Para esta época, aún estaba el trámite
parlamentario de expropiación, que llegó a
destiempo: el 24 de junio del año pasado. Lo que
motivó que se desempolvara el proyecto fue el
intento de desalojo que La Alameda sufrió el 16 de
junio pasado. “Como la Liga de Rematadores maneja
mucho dinero, confiaba en poder pagar policías,
jueces, síndicos y oficiales de justicia para
desalojarnos. Pero fracasó por la movilización
vecinal”, indica Vera. Con todo este gran
conflicto de fondo, el jefe de Gobierno porteño,
Aníbal Ibarra, prefirió vetar la expropiación “y
se comprometió en uno de los considerandos del
veto a conseguir otro lugar alternativo en el
barrio para La Alameda”, cuenta Vera.
Ese
otro lugar “todavía no apareció. Y dudo que
aparezca, porque construcciones de esas
dimensiones no hay disponibles en la zona”,
agrega. Porque La Alameda necesita mucho espacio
para tener el comedor al que asisten 140 personas;
el taller textil, la parrilla, el centro de
copiado, la panadería, el taller de artesanías y
la librería, todos emprendimientos cooperativos.
El
auge de las inspecciones post Cromañón le llegó a
La Alameda el 10 de febrero, mediante orden del
juez penal Domingo Montanaro. El día anterior, los
integrantes de la ONG habían dialogado y llegado
al acuerdo de que “sólo estaría presente el
personal policial que el juez creyera necesario”.
Al otro día se dieron cuenta de que Montanaro
“consideró que hacían falta 70 efectivos de
infantería”, dice Vera. Estaban al lado del
vallado que cercó a la sede de la ONG. Adentro
había cinco asistentes sociales de la Federal,
personal de planimetría, video, fotografía,
bomberos a cargo de incendio y de infraestructura,
técnicos de Edesur monitoreando el cableado y
bromatólogos.
“Todo lo que no mandaron en su momento los
políticos a Cromañón y a tantos comercios que
funcionaban irregularmente gracias a la coima, lo
mandaron a un humilde comedor comunitario”,
considera Vera. Tras cinco horas de inspecciones,
el juez labró el acta en la que consta que el
funcionamiento general de la entidad y su edificio
es adecuado. Afuera, entre la gente que apoyaba a
La Alameda estaba el Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel y varios legisladores porteños.
También había “quince vecinos que nos calumniaban
en los medios. Eran simples provocadores,
mentirosos, pagados quién sabe por quién para
denigrarnos. Entre ellos había un operador de los
rematadores, un puntero de Recrear y un puñado de
comerciantes que dudamos puedan soportar una
inspección como la que pasamos nosotros”,
manifiesta Vera.
En
los próximos días empieza la indagatoria al
coordinador por “usurpación”. Además tiene una
causa “por robo de energía”, pero en la ONG
“tenemos las actas que el Gobierno porteño tiene
con Edesur en las que le pide que no corte la luz,
que por ello se hace responsable el gobierno.
Porque es así: a un comedor comunitario le tiene
que pagar la luz el Estado o tiene que darle
subsidio para que lo haga la organización”, evalúa
Vera. En la actualidad hay dos proyectos en la
Legislatura para que se expropie de una vez La
Alameda.
Cuentan con el apoyo de 19 legisladores tanto de
izquierda como de derecha. Vera espera que en esta
ocasión Ibarra no la vete, y “esperemos que no
vuelvan con la Infantería. Nosotros no nos
pensamos mover de aquí”.
COMO
COMUNICARSE
La
Alameda. Teléfono: 011-155-6354903.
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.
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