EL CONFLICTO POR LA ALAMEDA

Denuncian por calumnias e injurias
a diputados porteños

09/08/2005 - El presidente de la Cooperativa 20 de Diciembre, Gustavo Vera, presentó un querella contra diez legisladores porteños por la comisión de los delitos de calumnias e injurias. Los diputados firmaron un despacho de mayoría en el que se oponen a la expropiación del ex bar La Alameda, inmueble donde funciona la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre y la Cooperativa de Vivienda Alameda

Por Alejandra Lazo

El pasado 6 de julio la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura porteña emitió dos despachos sobre el proyecto de expropiación de La Alameda, inmueble ubicado en Lacarra 720/728 en el que funciona la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre y la Cooperativa de Vivienda Alameda y es sede de la Asamblea de Parque Avellaneda, cuyos integrantes se niegan a abandonar el lugar, ya que consideran haber recuperado el ex bar y además, cumplir con la función de dar trabajo a varios vecinos del barrio.

El despacho de mayoría fue firmado por Jorge Giorno, Carlos Amejeiras (Partido de la Ciudad), Jorge Mercado (Cambiemos Buenos Aires), Mario Morando, Diego Santilli, Juan Carlos Lynch (Juntos por Buenos Aires), Ricardo Busacca (Alternativa Federalista), Laura Moresi (Frente Grande), Rodrigo Herrera Bravo (Compromiso para el Cambio) y Jorge San Martino (Recrear) y propone "archivar" la iniciativa y "relocalizar" a los beneficiarios del Centro Comunitario en comedores aledaños, disolviendo en la práctica a la cooperativa y la asamblea.

En cambio, el de minoría -firmado por Norberto La Porta (PS), Fernando Melillo (ARI) y Ariel Schifrin (Confluencia)- apoya la expropiación del inmueble. Cabe recordar que por una ajustadísima mayoría, la Legislatura porteña el 24 de junio del 2004 declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación al ex bar, pero el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, vetó la norma.

Dos semanas después de la firma de los despachos, trece legisladores presentaron una observación al de mayoría, apoyando el de minoría. Los diputados Chango Farías Gómez, Mónica Bianchi (Frente para la Victoria); Sergio Molina, Daniel Betti, Héctor Bidonde (Bloque del Sur); María Florencia Polimeni (CpC); Beatriz Baltroc (Autonomía Popular); Juan Manuel Velasco (ARI); Marcos Wolman (Izquierda Unida), Susana Etchegoyen (19 y 20 de diciembre); Milcíades Peña (Confluencia) y Rubén y Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre), no sólo estuvieron de acuerdo con la expropiación sino que contrarrestaron los fundamentos del despacho de mayoría.

Es que, entre otras cosas, el despacho de mayoría pone en duda la existencia del comedor comunitario, sostiene que La Alameda debería ser clausurada por su deficiente estado y asegura que la Cooperativa 20 de Diciembre se encuentra cuestionada judicialmente. Efectivamente, la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del presidente de la Cooperativa, Gustavo Vera, por el delito de usurpación con el argumento de que el imputado no ha presentado ningún recibo que acredite que efectuó algún pago sobre la locación del inmueble.

Sin embargo, en el plenario del Consejo de la Magistratura realizado el jueves 2 de junio, el senador del Partido Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, reveló públicamente que el juez de primera instancia en lo comercial, Domingo Montanaro -quien intentó desalojar a los actuales ocupantes de la Alameda-, había reprobado los exámenes psicológicos y psicotécnicos y que había sido declarado "no apto" para ejercer la función a causa de sus desequilibrios mentales.

Montanaro, desde su juzgado, procesó al presidente de la Cooperativa, valló con la infantería el comedor la Alameda para una inspección judicial, y procesó a más de 60 miembros de las organizaciones sociales, quienes realizaron movilizaciones, escraches y presentaron numerosas denuncias al Consejo de la Magistratura sobre la conducta arbitraria de Montanaro.

Según los representantes de la Asamblea de Parque Avellaneda, "la movilización de las organizaciones sociales obligó al Consejo de la Magistratura a retirarle prácticamente todos los expedientes de las causas más polémicas a Montanaro". Pero, destacan que "a pesar de haber sido declarado 'no apto' en los exámenes realizados por peritos psicólogos de tribunales. Aún no se lo ha separado del cargo y numerosas instituciones están reclamando no sólo su remoción, sino además su juicio político".

Por todo esto, es que el 3 de agosto pasado el Consejo de la Cooperativa en pleno presentó una denuncia penal contra el juez Montanaro, por "abuso de autoridad y manipulación del expediente judicial con fines políticos" que se tramita ante el Juzgado Federal N° 9 de Daniel Rafecas. Además, en la misma fecha, se presentó una querella contra los firmantes del despacho de mayoría por el delito de "calumnias e injurias" que se tramita en el Juzgado Federal N° 1 de María Romilda Servini de Cubría.

Entre los fundamentos esgrimidos, se asegura que "el despacho de mayoría 1671 emitido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda trasgrede severamente el Reglamento Interno de la Legislatura con total impunidad, lo cual cuestiona hasta la validez del acto administrativo. En aquella sesión del 6 de julio no se garantizó el artículo 147 que establece el carácter público de las reuniones y el derecho a particulares u organizaciones no gubernamentales que acrediten interés en el proyecto en tratamiento a exponer oralmente o por escrito sus opiniones".

También afirman que "se violó el artículo 163 que exige que los despachos sean firmados en Sala de Comisión por los miembros asistentes, ya que figuran como firmantes los diputados Lynch y Busacca que en ningún momento estuvieron en la reunión. En la citada reunión tampoco se cumplió con el artículo 138 que exige citar personalmente al o los autores del proyecto de ley cuando está previsto el tratamiento del mismo en la Comisión".

Por último, se señala que "el director de bienes del Gobierno de la Ciudad, Federico Zugasti, acaba de enviar al juez una nota donde consta que no existe lugar alternativo donde reubicar a nuestro centro comunitario, como afirmaba Ibarra cuando resolvió vetar la ley el año pasado, razón por la cual impulsamos nuevamente la expropiación".

Vera explicó que "aunque el número de legisladores que apoyan la expropiación es tan o más importante que los que la apoyaron favorablemente en el 2004, nuestra Cooperativa no está dispuesta a permitir que se enlode nuestra actividad con calumnias e injurias al servicio de beneficiar a testaferros de la liga de rematadores que pretenden hacer jugosos negocios inmobiliarios en la esquina de Lacarra y Directorio".