ACAMPE FRENTE AL CONSULADO DE BOLIVIA

El CGP 7 lucha contra la explotación y esclavitud
de los ciudadanos bolivianos

10/12/2005 - Ciudadanos bolivianos quieren que su consulado les entregue documentos para evitar la explotación a la que son sometidos en algunas fábricas de la Ciudad. La Defensoría del Pueblo porteña había denunciado penalmente las condiciones de trabajo esclavistas que sufren muchos bolivianos.

Por Lucas Schaerer

A unos 150 ciudadanos bolivianos, residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran sin documentos personales, algo ideal para los empleadores esclavistas, se les prometió que se normalizaría su situación legal.

Estas promesas fueron realizadas por "el embajador y cónsul de Bolivia. De hecho el sábado 29 de octubre el cónsul concurrió al bar La Alameda y delante de más de un centenar de conciudadanos se llevó una lista de aproximadamente 150 personas y se comprometió delante de ellos a gestionar ante el Estado boliviano que se costee esa tramitación. Han pasado 40 días desde aquel compromiso y ni la Embajada, ni el Consulado han resuelto el problema", informaron activistas sociales de las organizaciones que realizarán el acampe.

El acampe lo harán, por tiempo indeterminado, a partir de este lunes, a las 15, en la puerta del Consulado de Bolivia en Argentina, ubicado en Alsina 1886, militantes de la Unión de Trabajadores de Unión de Trabajadores Costureros, de la Asamblea de Parque Avellaneda, y de la Coordinadora Territorial del Oeste.

El lunes 24 de octubre una delegación de La Alameda, inmueble donde funciona la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre y la Cooperativa de Vivienda Alameda, un representante de la Defensoría del Pueblo y el director del periódico Renacer de la colectividad boliviana, Guillermo Mamani, concurrieron a la embajada de Bolivia a reunirse con el embajador, Arturo Liebers Baldivieso, y el cónsul, Gustavo Aliaga Palma, de ese país. Allí trataron la situación de esclavitud en la que viven cientos bolivianos indocumentados en talleres textiles clandestinos del sudoeste de la Ciudad.

"En dicha reunión se acordó que una de las raíces de esa salvaje explotación laboral son los problemas económicos para costear los trámites de documentación que tienen cientos de costureros y sus familias en Argentina. Se informó que en el CGP 7 se están expidiendo masivamente certificados de pobreza a fin de que estos ciudadanos no tengan que pagar la onerosa tasa migratoria cuando se radican, pero que aún estaba pendiente el problema de la documentación que cada uno de estos ciudadanos traen desde Bolivia (certificado de nacimiento y de antecedentes legalizados) que el consulado suele cobrar onerosamente sin considerar la situación de extrema pobreza en la que se encuentran muchos de sus conciudadanos en la Argentina", explicaron militantes sociales.

Desde la Defensoría del Pueblo reconocieron que por la explotación de personas en talleres ubicados en Parque Avellaneda, radicaron una denuncia penal en los juzgados federales. Al menos 40 talleres clandestinos de la Ciudad están siendo investigados por el organismo que dirige Alicia Pierini.

La Dirección General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad "no tiene registros del funcionamiento de las fábricas ilegales", según datos de la página web de la Defensoría.

Recordamos que:

Mario Ganora, abogado de la oficina que protege los derechos ciudadanos, aseguró que la denuncia por los delitos de "tráfico ilegal de personas, reducción a la servidumbre y violación de la ley de trabajo a domicilio" fue presentada el martes, ante el juez federal Norberto Oyarbide.

El letrado informó de que la denuncia involucra al boliviano Juan Carlos Salazar Nina, dueño de los dos talleres que funcionan en el barrio de Floresta, pero aclaró que manejan datos de que estas prácticas ilegales también se llevan a cabo en otros 40 locales de Buenos Aires.

La investigación del caso se abrió a raíz del testimonio de ex empleados de estos talleres de costura y de vecinos del barrio de Floresta.

Según estos testigos, los sufrimientos de quienes han trabajado bajo las órdenes de Salazar Nina incluyen jornadas de trabajo de 17 horas, niños mal alimentados que no asisten al colegio para no entorpecer la producción de vestimenta y ruidosas fiestas los fines de semana en los mismos talleres.

El dueño de los locales, al parecer, recluta a sus trabajadores en Bolivia y una vez en Argentina les quita sus documentos, aunque muchos de sus empleados viajan a Buenos Aires en condición de ilegales.

Actualmente residen en este país alrededor de 1,5 millones de bolivianos, de los cuales cerca de un 30 por ciento posee problemas de documentación.

Carlos Davis

Notas relacionadas

Derechos Humanos - 13/10/2005
talleres clandestinos: la rebelión de los esclavizados
Trabajan 18 horas diarias y viven con sus familias en el mismo lugar donde trabajan: talleres clandestinos adonde el Estado no llega. La Defensoría del Pueblo los asesora para que se organicen y luchen por sus derechos. Se sabe de al menos 40 talleres de ropa en quince cuadras de parque Avellaneda. Cada uno emplea entre 15 y 30 personas que fueron traídas al país mediante engaños. Trabajan dieciocho horas diarias, de lunes a sábado.

 

 

    Volver