Sin embargo, la justicia uruguaya puso ciertos límites y restricciones para conceder la extradición: no podrán ser juzgados en Argentina por la desaparición de Adalberto Soba Fernández ni por el delito de asociación para delinquir. Serán juzgados por figuras típicas (delitos establecidos en la ley) vigentes al momento de los hechos y no se les aplicará la pena de reclusión perpetua.

De aplicarse la extradición (los imputados aún pueden apelar), ésta sólo podrá hacerse efectiva tras cumplir la condena que podría alcanzarlos en las causas en las que están procesados por el juez penal Luis Charles, en Uruguay.

Los seis militares están procesados y presos en su país desde septiembre acusados de los delitos de "asociación para delinquir y privación de libertad agravada" por el caso del militante de izquierda Adalberto Soba, detenido-desaparecido durante el régimen militar que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985.

Los militares uruguayos no sólo serán solicitados por Argentina sino también por otros países como Paraguay, donde actuaron y estuvieron presentes en interrogatorios a ciudadanos de Uruguay, detenidos bajo la dictadura del fallecido general Alfredo Stroessner.

En Uruguay está vigente una ley de perdón que no permite los juicios contra policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos, aunque el Poder Ejecutivo puede hacer excepciones, como en el caso de estos 6 acusados.

Carlos Davis