la casa de bacacay 3570 recibiría una protección estructural

Preservarían un ex CCDTyE

12/11/2020 - En el mes de julio del año 2020 el juez federal Daniel Rafecas identificaba un nuevo CCDTyE en el barrio, cerca de Orletti. La vivienda, actualmente una casa de familia, fue identificada por sobrevivientes y mediante documentos desclasificados por el gobierno de EEUU sobre la última dictadura. En un comienzo, Rafecas dispuso la "prohibición de innovar" a fin de asegurar que la casa no sufra alteraciones. Ahora la Legislatura está dando un paso más, ya que se aprobó en primera lectura la disposición del sitio como "Catalogación de Protección Patrimonial e Identidad". El proyecto ahora debe pasar por una Audiencia Pública que se realizará el 29 de noviembre a las 13 hs. Los vecinos podrán participar anotándose en la web hasta el lunes 25/11.

"Hicimos un descubrimiento importante para avanzar en las investigaciones. Veníamos con muchos testimonios que nos indicaban que existió un centro clandestino de detención que dependía de la SIDE y que estaba muy cerca de Automotores Orletti, otro lugar de reclusión por el cual hubo un juicio varios condenados".

La vivienda es actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención "Automotores Orletti".

En el lugar hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojadas personas secuestradas, según testimonios que constan en la causa penal.

Según la pesquisa, en la casa ubicada en Bacacay 3570 habría funcionado un centro clandestino de detención dependiente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la dictadura, al mando del fallecido general del Ejército Otto Paladino.

El centro clandestino de la calle Bacacay habría funcionado con anterioridad o en simultáneo a "Orletti" y el dato de su existencia surgió por testimonios de sobrevivientes que hasta el momento no habían podido precisar su ubicación exacta.

Pero el juzgado recibió documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la dictadura en Argentina y allí se hizo mención precisa al domicilio ahora identificado.

El inmueble habría sido alquilado por la SIDE hasta 1977, cuando se vendió.

Los testimonios en la causa indican que las víctimas "eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello", explicaron fuentes del caso.

Además, "no se descarta que este sitio haya servido también para las operaciones del llamado 'Plan Cóndor', no sólo por su vinculación con Automotores Orletti sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos", se agregó.

En la causa hay declaraciones de dos víctimas, realizadas en forma remota durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, que describieron el inmueble de manera coincidente.

Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos contaron a Télam que desde hace dos años se maneja información con respecto a la existencia de este lugar, que varios represores de Orletti habían aludido como "El Jardín" o "La Cueva".

La primera información sobre ese centro que funcionó como parte de la estructura represiva que se centraba en Orletti la dio la sobreviviente Mercedes Naveiro (ya fallecida), quien confirmó que estuvo en una casa con "dos cocinas".

Con esos datos, el juzgado a cargo de Rafecas inició una investigación y dio con María Ester Poggi, quien junto a su esposo compró esta vivienda en 1977 y tiempo más tarde le hicieron reformas y descubrieron que había un sótano en ese lugar.

La mujer hizo un croquis de la vivienda, brindó detalles de su ubicación en el barrio de Floresta y esos datos coincidieron con la información que aportaron dos sobrevivientes que pasaron por ese centro clandestino.

  El proyecto de Ley

La Legislatura aprobó en primera lectura el Exp N° 418-D-2024 el cual dispone:

Artículo 1°.- Catalóguese con Nivel de Protección "Integral" en los términos del Capítulo 9.1.3.2.2. Protección Especial Edilicia del Código Urbanístico, al inmueble ubicado en la calle Bacacay 3570 (actual 3558/62) de esta Ciudad, en la Circunscripción 1, Sección 77, Manzana 123, Parcela 003A.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo a través de los organismos correspondientes dará cumplimiento a la normativa vigente a fin de hacer efectiva la protección establecida en la presente ley.

Artículo 3°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.

Fundamentos

El inmueble de la calle Bacacay 3570 posee un valor histórico y simbólico como testimonio de los hechos que han acaecido durante el comienzo de la dictadura militar en el año 1976 en el marco de la Operación Condor, y es por ello que se constituye como un elemento que configura la memoria histórica colectiva del conjunto de la sociedad argentina.

El inmueble objeto del proyecto formó parte del Circuito Represivo junto con el C.C.D.T.y.E Automotores Orletti ubicado en la misma manzana en la calle Venancio Flores 3519 y la base de la calle Pomar 4175. Todos ellos dirigidos por la patota de Aníbal Gordon.

El circuito mencionado funcionó entre los años 1976 y 1977, y el descubrimiento de la ubicación exacta del inmueble de la calle Bacacay 3570 se desencadenó a partir la desclasificación de documentos de la C.I.A. de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2020.

El funcionamiento del inmueble de la calle Bacacay 3570 sucedió entre el 16 de marzo de 1976 hasta el 22 de mayo del mismo año. Este centro se utilizo como base para actividades operacionales y como lugar de detención transitorio e interrogatorio bajo tortura de prisioneros de la S.I.D.E., que tuvo a su cargo la coordinación de la Operación Cóndor y opero conjuntamente con fuerzas de diferentes países en los interrogatorios, traslados, desapariciones y asesinatos de ciudadanos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos y brasileros.

La Operación Cóndor, llevada adelante en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, fue una operación conjunta que permitió a sus fuerzas armadas el traspaso de sus prisioneros de una frontera a otra sin restricciones. Estaba conformada por las dictaduras del Cono Sur al amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional ideada por los Estados Unidos.

La Operación Cóndor fue clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia al servicio de la represión ilegal de los terrorismos de Estado de la época.

Dar con la ubicación exacta de la sede original de la Base de Operaciones Tácticas 18 (OP 18) de la SIDE, constituyo un enorme rompecabezas que comenzaron a armar los escasos sobrevivientes cuando recobraron su libertad y se nutrió del trabajo de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), del Programa Verdad y Justicia de la Secretaria de Derechos Humanos y del juzgado federal que encabeza el Dr. Daniel Rafecas.

La primera en hablar de la casa fue la sobreviviente Emma Le Bozec en junio de 1984 ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El testimonio quedo registrado sin que nada lo destaque por sobre los miles de otros que recibió la Conadep. Pero adquirió otro peso cuando desde el juzgado Federal 3, a cargo del Juez Daniel Rafecas, comenzaron a recopilar datos vinculados a una posible base operativa que la SIDE mantuvo activa durante 1976. Un año después, un sobreviviente uruguayo mencionaría la calle Bacacay al declarar ante la Cámara de Diputados oriental.

Otra sobreviviente Anita Edith Francoise Larrea de Jaroslavsky declaro por primera vez ante la justicia argentina y termino de confirmar que su lugar de detención clandestina y el de tantas otras víctimas del terrorismo de Estado fue la casa de la calle Bacacay 3570.

También al menos dos militares habían mencionado la base de la calle Bacacay. El teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno, ex jefe de contrainteligencia de la SIDE, contó en un sumario interno que en marzo de 1976 constituyo la base OT 18 por orden de Otto Paladino, jefe de la central de espías. Otro militar fue Eduardo Cabanillas quien durante su indagatoria confirmo que “La Cueva” o “El Jardín”, como también se conoció a Orletti, no era sino la base de la OT 18 y había estado primero en la calle Bacacay.

La Justicia logró identificar entre las personas que pasaron por el inmueble de Bacacay 3570 al senador Zelmar Michelini, el Presidente de la Cámara de Representantes Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes de MLN Rosario Barrero, William Whitelaw y sus hijos Gabriela, María Victoria y Máximo de 16 meses de edad al momento del secuestro. También según testimonios se pudo saber que el Dr. Manuel Liberoff que se encuentra actualmente desaparecido estuvo en la calle Bacacay 3570.

Al ser asesinados el Senador Zelmar Michelini, el Presidente de la Cámara de Representantes Héctor Gutiérrez Ruiz, y la pareja de Rosario Barredo y William Whitelaw, debido al gran impacto internacional, podemos inferir que se debió borrar toda huella de donde pudieron haber estado secuestrados, por lo cual se desmantelo la Base de la calle Bacacay.

El Estado Argentino y todas sus jurisdicciones deben sostener políticas activas en pos del sostenimiento de la Memoria, la Verdad y la Justicia que constituyen la base sobre la cual se consiguió recuperar la democracia a partir del año 1983.

El consenso democrático del conjunto de la sociedad argentina tiene como pilar fundamental el largo proceso que se llevó adelante para juzgar y condenar a los responsables de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura, así como el ejercicio de la memoria activa como política de Estado.

Es en dicho contexto que resulta necesario utilizar los instrumentos con los que cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en pos de preservar y proteger el patrimonio que conforma la memoria histórica colectiva de nuestra sociedad. Por eso, y sin perjuicio de otras herramientas para promover y fomentar la protección del patrimonio, resulta necesario dotar de la protección especial que tiene previsto el Código de Planeamiento Urbano para determinados inmuebles.

En ese sentido, la catalogación constituye un instrumento de regulación urbanística para los edificios con necesidad de protección patrimonial y de particularización del alcance de la normativa, respecto de la calificación urbanística asignada al mismo. Y en el caso bajo análisis, el inmueble posee un valor simbólico por las particulares características descriptas precedentemente que son evocativas de hechos del pasado. El valor histórico - cultural del inmueble que se pretende catalogar, reviste en su importancia para la preservación de la memoria histórica colectiva de nuestra sociedad.

Por eso la catalogación del inmueble de la calle Bacacay dotará al mismo de la protección necesaria para su conservación, así como puede brindar las herramientas útiles ante cualquier riesgo patrimonial, priorizando la preservación de la memoria colectiva.

Por los motivos expuestos, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de Ley.

  La Audiencia Pública que se avecina

El procedimiento aplicable a este tipo de norma indica que el proyecto debe ser aprobado en primera instancia (primera lectura) por la Legislatura. Luego se convoca a una Audiencia Pública para que los vecinos puedan dar a conocer su apoyo o rechazo, sus observaciones, cuestionamientos y aportes relativos a la medida. Luego de la Audiencia Pública el proyecto vuelve al recinto para que los Legisladores lo vuelvan a tratar teniendo en cuenta los aportes recibidos. Si el proyecto es aprobado en esta segunda instancia (lectura) se convierte en Ley.

  La inscripción para participar de la Audiencia

Los vecinos podrán participar anotándose hasta el lunes 25/11 en la web participación.legislatura.gob.ar

El proyecto puede ser consultado haciendo click aquí.

Carlos Davis

Fuente: Legislatura de la CABA - Notas de archivo propio