La vivienda es actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", informaron a Télam fuentes judiciales.

En el lugar hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojadas personas secuestradas, según testimonios que constan en la causa penal.

Según la pesquisa, en la casa ubicada en Bacacay 3570 habría funcionado un centro clandestino de detención dependiente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la dictadura, al mando del fallecido general del Ejército Otto Paladino.

La investigación es parte de la megacausa por violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, vinculada a delitos de lesa humanidad en el centro de detención "Automotores Orletti" en Floresta.

El centro clandestino de la calle Bacacay habría funcionado con anterioridad o en simultáneo a "Orletti" y el dato de su existencia surgió por testimonios de sobrevivientes que hasta el momento no habían podido precisar su ubicación exacta.

Pero el juzgado recibió documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la dictadura en Argentina y allí se hizo mención precisa al domicilio ahora identificado.

El inmueble habría sido alquilado por la SIDE hasta 1977, cuando se vendió.

Los testimonios en la causa indican que las víctimas "eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello", explicaron fuentes del caso.

Además, "no se descarta que este sitio haya servido también para las operaciones del llamado 'Plan Cóndor', no sólo por su vinculación con Automotores Orletti sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos", se agregó.

En la causa hay declaraciones de dos víctimas, realizadas en forma remota durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, que describieron el inmueble de manera coincidente.

Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos contaron a Télam que desde hace dos años se maneja información con respecto a la existencia de este lugar, que varios represores de Orletti habían aludido como "El Jardín" o "La Cueva".

La primera información sobre ese centro que funcionó como parte de la estructura represiva que se centraba en Orletti la dio la sobreviviente Mercedes Naveiro (ya fallecida), quien confirmó que estuvo en una casa con "dos cocinas".

Con esos datos, el juzgado a cargo de Rafecas inició una investigación y dio con María Ester Poggi, quien junto a su esposo compró esta vivienda en 1977 y tiempo más tarde le hicieron reformas y descubrieron que había un sótano en ese lugar.

La mujer hizo un croquis de la vivienda, brindó detalles de su ubicación en el barrio de Floresta y esos datos coincidieron con la información que aportaron dos sobrevivientes que pasaron por ese centro clandestino.

Los testimonios previos y de los compradores de la casa en 1977

Se trata de Emma Lebozec y Ana Larrea de Jaroslavsky (residente en París), quienes realizaron en mayo pasado una descripción por videoconferencia que confirmaba los datos del inmueble que tenían en el juzgado.

"Ninguna de las dos mujeres sabían dónde habían estado. Es más, pensaban que habían estado alojadas en la Comisaría 50 de la Capital Federal", indicaron desde el Juzgado Número 1 a cargo de esta causa.

Además, los compradores de la casa en 1977 fueron ubicados y declararon en el juzgado que cuando ingresaron a la propiedad "encontraron en el sótano unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo y también zapatos de hombre".

Orletti era un taller mecánico de Floresta, que fue alquilado entre mayo y noviembre de 1976 por agentes de inteligencia, con documentos falsos, para ser usado como lugar de detención ilegal.

El lugar fue capitaneado por la banda del agente parapolicial y orgánico de la SIDE Aníbal Gordon, quien murió en prisión en 1987 como consecuencia de un cáncer.

En la actualidad, se desarrolla un quinto juicio por los crímenes cometidos en Orletti, en el que hay cuatro imputados, con sentencias anteriores, acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de once víctimas.

La acusación se encuentra a cargo del fiscal Pablo Ouviña, quien aguarda información para determinar si corresponde hacer una instrucción complementaria que le aporte información al proceso oral que se encuentra suspendido como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Carlos Davis

Fuente: Telam