A José Nestor Ferrer, de la División de Asuntos
Extranjeros de la Superintendencia de la Policía Federal,
le correspondió la pena
máxima por el homicidio de Estela Moya de Gayá, asesinada frente a
su hijo de dos años, un caso que también llegó a juicio por
primera vez.
La querella celebró las nuevas sentencias como
un avance del proceso de memoria, verdad y justicia. Sin
embargo, van a recurrir las condenas a 6 años de prisión de Rolando Nerone y Oscar Gutíerrez, también del Departamento
de Asuntos Extranjeros. Tanto el ministerio público fiscal
como las querellas del Cels y la secretaría de Derechos
Humanos de Nación habían pedido para ellos prisión perpetua
por el asesinato del uruguayo Mario Roger Julian. Los jueces
sólo los condenaron por la privación ilegal de la libertad
de su esposa, Victoria Grisonas. Ahora ambos están en
condiciones de pedir la libertad, ya que llevan cinco años
detenidos.
“Hay que celebrar una sentencia más que reconoce a los
crímenes que se cometieron en Orletti como delitos de lesa
humanidad en la que además resultan condenados cuatro
imputados que nunca habían recibido ninguna sentencia”, dice
Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área Memoria, Verdad y
Justicia del Cels y cabeza de la querella unificada que
integró la Fundación Liga por los Derechos Humanos. “También
es importante que el homicidio de Estela Moya recibió una
primera sentencia que la tiene como víctima. Vamos a esperar
los fundamentos de la sentencia, porque habíamos pedido que
ese homicidio sea considerado agravado, por eso tenía un
pedido de prisión perpetua, pero el tribunal lo consideró un
homicidio simple, por eso tiene 25 años”. La abogada
adelantó que una de las cuestiones por las que presentarán
un recurso de Casación es por la absolución del homicidio de
Mario Roger Julien. “Habíamos acusado a Nerone y Gutierrez
como coautores del homicidio. Este es el punto más
complicado del veredicto porque acá no hubo una cuestión de
calificación legal, hubo una absolución directamente. No
encuentran la responsabilidad de estos dos acusados en el
homicidio”.
El
juicio comenzó en octubre del año pasado. Los acusados son
tres policías federales y César Alejandro Enciso, un agente
de la SIDE extraditado de Brasil condenado a 16 años de
prisión. Uno de los aportes de este juicio fue que aunque la
existencia de este centro clandestino está probada desde el
Juicio a las Juntas, en los últimos años se produjo gran
cantidad de información que permitió entender la
responsabilidad de los acusados como parte de una
articulación entre SIDE, Policía Federal, la Triple A, la
banda de Aníbal Gordon y el Plan Cóndor. Es decir, dijo
Palmas Zaldúa en su alegato, “hilvanar las distintas
instancias del plan sistemático”.
Pequeña semblanza sobre
Orletti
Bajo la fachada de un taller
de reparación de automóviles, fue
utilizado como base
principal de las fuerzas de
inteligencia extranjeras que
operaban en la Argentina en
el marco del Operativo
Cóndor, y por él se estima
que pasaron unos 200
detenidos, en su mayoría de
nacionalidad uruguaya.
Este centro constaba de dos
plantas. En la planta baja
existía un gran salón de 6 a
8 metros por 30 metros. Una
división baja separaba el
retrete (uno para treinta
personas) del lavadero. De
allí salía una escalera de
base de concreto y peldaños
de madera. El piso era de
hormigón, sucio de tierra y
grasa.
Gran cantidad de chasis de
autos, desparramados, le
otorgaba la apariencia de un
taller común de automotores.
Muchos automóviles
secuestrados iban a parar
alli. Orletti tenía un
tanque de agua grande con
una roldana arriba de donde
colgaban a los presos para
practicarle el "submarino".
En la planta alta
funcionaban una sala de
interrogatorios, otra de
torturas y una terraza donde
se colgaba la ropa a secar.
Los militares llamaban a ese
centro: "El Jardín".
Carlos Davis
Fuente:
Fiscales.gob.ar - Centro de Información Judicial - Notas de archivo propio
