De esta manera se
desarticuló todo el
andamiaje institucional
que la Ley de Servicios
de Comunicación
Audiovisual había creado
para garantizar la
autonomía, independencia
y pluralismo de la
Autoridad de Aplicación.
La Defensoría reitera,
en línea con la alerta
que han expresado
distintos actores
sociales en las últimas
horas, la exhortación a
las autoridades del
Gobierno Nacional a
respetar la división de
Poderes y a no modificar
ni violar la LSCA a
través decretos de
ninguna naturaleza.
Además, este organismo
exige el respeto
irrestricto de los 166
artículos de la Ley, que
se fundan en derechos
garantizados por la
Constitución Nacional y
los Tratados de Derechos
Humanos a ella
incorporados.
Y señala que la
perspectiva de las
audiencias y de
numerosas organizaciones
sociales que se han
dirigido a la Defensoría
está siendo silenciada
en las diferentes
coberturas mediáticas de
la situación.
Recomendamos visibilizar
estas perspectivas, en
todos los servicios de
comunicación
audiovisual, porque
contribuye a garantizar
su derecho a la
comunicación y también
el acceso a una
información plural y
diversa de toda la
ciudadanía de la
Argentina.
Los reclamos plantean:
“Qué podemos hacer como
medio comunitario y como
audiencia para defender
la Ley que está siendo
avasallada por un
decreto. Espero que si
hay que modificar la ley
sea en el Congreso, como
corresponde”.
“En representación de la
Red de Carreras de
Comunicación Social y
Periodismo de Argentina
(REDCOM), integrada por
25 universidades de todo
el país, para denunciar
la vulneración de
nuestros derechos
implicada en el decreto
236/2015 (…) se trata de
una ley que durante su
tratamiento en 36
instancias en todo el
país tuvo como partícipe
a todos los sectores
sociales vinculados a la
comunicación, entre
ellos las universidades
como actor fundamental.
No fue el proyecto de un
gobierno, sino que fue
el producto de la labor
mancomunada de
diferentes
organizaciones
sociales”.
“Solicito la plena
vigencia de la Ley de
Servicios Audiovisuales,
por consiguiente la
continuidad del AFSCA y
AFTIC. Es una ley
democrática y sancionada
por el Congreso, que
garantiza la libertad de
expresión y de
información, así como la
pluralidad de voces. No
puede ser vulnerada por
un decreto. La
vulneración de la ley
constituye un atentado a
los derechos de todas y
todos los ciudadanos
argentinas/os”.
“Desde Radio Sur, FM
88.3 mhz emisora
comunitaria (…) Creemos
que el no respeto de la
Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual
es un avasallamiento
contra derechos
conquistados y significa
un verdadero peligro
para la democracia. Como
emisora hemos
participado de distintas
instancias en la
construcción de esta
legislación (…) como
país merecemos la
democratización de los
medios de comunicación y
el reconocimiento del
sector sin fin de lucro
como un actor central es
ese proceso, y la plena
vigencia y aplicación de
la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual
es el camino para
lograrlo. Le pedimos a
las autoridades de la
Defensoría del Público
que asuman el rol de
defender a las
audiencias y actores
comunicacionales de lo
que entendemos que es
una vulneración de
nuestros derechos”.
“Desde FM Las Chacras
(…) solicitamos a la
defensoría tomar cartas
en el asunto, a fines de
apoyar una demanda
popular en defensa de
dichas instituciones y
de la libertad de
expresión y el derecho a
la comunicación”.
“Desde la Organización
de Naciones y Pueblos
Indígenas en Argentina (ONPIA)
(…) solicitamos a la
Defensoría del Público
que nos represente en lo
que consideramos un
avasallamiento contra
una ley fruto de la
democracia”.
“Escribo en
representación de la
Unión de Trabajador@s
Rurales Sin Tierra,
parte del Movimiento
Nacional Campesino
Indígena (UST-MNCI) con
mucha preocupación (…)
con un desporporcionado
despliegue policial y
con un DNU que incurre
en la ilegalidad, al no
respetar la LSCA
vigente, se interviene
la AFSCA y la AFTIC, en
un hecho de gravedad
institucional sin
precedentes”.
“Veo como ciudadano cómo
el actual gobierno,
pretende con un decreto,
avasallar el normal
funcionamiento del AFSCA,
y con ello estar por
sobre la ley, ya que de
esta manera se ataca de
manera frontal la ley de
servicios de
comunicación
audiovisual, impidiendo
su aplicación…”.
“En representación de
Radio De la Azotea FM
88.7 Comunitaria, de Mar
del Plata queremos
denunciar y repudiar el
Decreto de Intervención
(…) Intervenir dos
organismos autárquicos y
creados por la nueva ley
de SCA es una violación
a los derechos de
nosotros/as como
habitantes y nuestro
derecho a la
comunicación”.
“Los integrantes del
Colectivo de
comunicación FM
Riachuelo 100.9
integrados en la
Cooperativa de Trabajo
Riachuelo Producciones
solicitamos a esa
defensoría que, en
conocimiento del Decreto
del Poder Ejecutivo Nro.
236 (…) Defender el
acceso a la comunicación
como un derecho humano
básico y no como una
mercancía es algo que,
hace seis años, el
pueblo argentino acordó
y lo plasmo en la letra
de la ley 26.522, luego
de más de 25 años de
lucha y debate en todos
los rincones de nuestra
patria y no estamos
dispuestos a volverlo a
discutir. Luchar por el
pleno cumplimiento de la
ley de SCA en nuestro
deber y la Defensoría
nuestra herramienta”.
“Espero que este decreto
no se lleve a cabo, ya
que atenta contra los
derechos conquistados.
La diversidad de voces
que emergen a partir de
la LEY DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL, amplia las
voces, las miradas,
posibilita el poder
decir, da luz a sectores
antes no reconocidos, la
Ley es democrática”.
“Desde FM Aim Mokoilek y
en nombre de la
comunidad en general y
los distintos medios de
comunicación surgidos a
partir de la Ley de
Servicios de
Comunicación Audiovisual
nos preocupa el decreto
(…) avasalla dicha Ley
de la cual podemos
ejercer como pueblo
originario nuestros
derecho humano a
comunicar”.
“Creo que se están
llevando puestos
nuestros derechos a
comunicarnos, y
defendiendo así los
intereses de los medios
concentrados que
invisibilizan nuestras
voces (…) En todos esos
lugares, los vecinos,
profesionales,
estudiantes, artistas,
militantes y personas
con ganas de decir y
escuchar, se expresan a
diario. Y todxs queremos
que esto siga pasando
(…) Para que frenemos
esta serie de medidas
que nos quieren imponer
para subordinarnos. No
podemos volver a
atrás!”.
“Desde hace dos años
funciona la Radio
Escolar Comunitaria en
nuestra escuela,
solicito ante ustedes la
posibilidad de poder
intervenir ante el
atropello que se produjo
en el día de hoy ante el
AFSCA. Para estudiantes,
familias y docentes la
posibilidad de
visibilización que nos
otorgó la Ley de
Servicios de
Comunicación Audiovisual
posibilitó hacer posible
el Derecho a la
Comunicación de todos
los que hacemos la
Escuela todos los días”.
“Las medidas tomadas por
decreto por el nuevo
gobierno avasallan la
Ley que nos dio la
posibilidad de existir
como medio de
comunicación comunitario
y estudiantil. Estas
medidas van en contra de
la democratización de
las voces y a favor de
los grandes grupos
mediáticos”.
“Que un gobierno surgido
por el pueblo, se
transforma en golpista
al intervenir organismo
del estado como AFSCA y
AFTIC, eludiendo la Ley
que rige a todos los
argentinos; me sumo a la
protesta y que a la
mayor brevedad se vuelva
atrás con la medida”.
“Escribo en
representación del
Movimiento Nacional
Campesino Indígena (MNCI)
con mucha preocupación
por lo ocurrido (…) La
presente tiene por
objetivo instar a la
Defensoría del Público
de Servicios de
Comunicación Audiovisual
a presentar los recursos
legales y jurídicos de
los que disponga para
intentar, junto a otros
y otras que defendemos
esta ley, garantizar el
cumplimiento de una de
las leyes más debatidas
y consensuadas
popularmente en la
historia argentina”.
“Con estas
intervenciones se está
avasallando la libertad
de expresión de todos
los argentinos”.
La Coalición por una
Comunicación Democrática
señaló en su
presentación: “Las
organizaciones que
impulsamos la
desmonopolización de los
medios de comunicación y
la democratización del
acceso a las licencias
no aceptamos la
derogación de la Ley de
Medios por un pretendido
decreto de necesidad y
urgencia”.
“Consideramos desde La
Mesa Campesina del Norte
Neuquino -MNCI que se
están vulnerando
nuestros derechos (…) La
medida es también un
ataque a los medios
chicos, comunitarios,
alternativos, a las
cooperativas de los
pueblos medianos y
pequeños, porque todos
ellos serán marginados
del negocio de las
comunicaciones pero, lo
que es más grave, de la
posibilidad de ofrecer
miradas alternativas y
voces plurales en el
escenario de la
comunicación”.
“…el motivo del reclamo
se basa en la
intervención y desalojo
de la AFSCA, ya que es
una muestra clara de
autoritarismo y de abuso
injustificado (porque
razones fácticas que
habiliten una
intervención no hay), y
por otra parte, es un
claro factor de censura
por parte del Estado, ya
que de este modo no
queda ningún ente
independiente que regule
el acceso a la
información, que es un
derecho y la diversidad
de fuentes de la misma,
que también lo es…”.
“Quisiera manifestar mi
indignación por la orden
de desalojo de la AFSCA
por el juez federal
Julián Ercolini! Es un
atropello a la Ley de
Servicios de
Comunicación
Audiovisual. Aquí en
Zapala (…) gracias a la
ley existe una radio
cooperativa, una
socioeducativa y
comunitarias! Defendamos
entre todos estos
espacios y la pluralidad
de voces!!”.
Como expresó la
Defensoría en el día de
ayer, la LSCA es una
construcción colectiva,
debatida en foros y
audiencias públicas en
todo el país, respaldada
por los tres Poderes del
Estado y reconocida por
Relatores para la
Libertad de Expresión de
la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
y la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
El único mecanismo para
evaluar el desempeño de
los integrantes de la
AFSCA se estableció en
el artículo 14 de la
LSCA. La remoción y
reemplazo de las
autoridades por decreto
vulnera la Ley y los
estándares
internacionales,
restringiendo la
conformación plural que
esa norma establece a
través de un único
representante directo
del Poder Ejecutivo,
gubernamentalizando el
organismo.
Es necesario no
retroceder, tal como
plantean los reclamos
recibidos, y profundizar
el paradigma de derechos
humanos consagrado en la
LSCA. Ya no existen
consumidores ni
usuarios, sino
audiencias, plenos
sujetos de derecho, que
pueden dar y recibir
información, buscarla y
difundirla en igualdad
de condiciones, no ya de
manera pasiva, sino
activa, y que tienen
derecho a ser
escuchadas. Además, en
el ámbito de la
comunicación audiovisual
no deben existir
organismos
gubernamentales, sino
plurales,
representativos de todos
los sectores de la
comunicación
democrática, comprendida
como derecho humano y no
como negocio o mercancía
de unos pocos, para
profundizar la vida en
democracia.