Luis, su familia, y otra decena de trabajadores costureros (muchos de ellos indocumentados) eran sometidos a agotadoras jornadas de trabajo que se extendían desde las 7 de la mañana hasta las once de la noche. Por cada prenda realizada (camperas) cada trabajador recibe la exigua suma de 3,5 pesos. Los trabajadores, además, eran obligados a vivir en el lugar en condiciones deplorables de seguridad e higiene.

Según informó La Alameda mediante un comunicado de prensa, “se dio cuenta de la situación a la fiscalía antitrata (Unidades Fiscales Especiales, UFASE) y a la Subsecretaria de Trabajo porteña para que inmediatamente cese esta situación denigrante, se clausure el taller, se rescate a las víctimas y se les proporcione asistencia adecuada”.

El texto continua diciendo: "La Alameda exige a las autoridades de trabajo que de verificarse fácticamente esta situación, se proceda a clausurar el taller e iniciar inmediatamente una causa en Juzgado Federal por violación a la ley de migraciones, de trabajo a domicilio, reducción a la servidumbre, trata de personas y se haga extensiva la imputación al dueño de la marca "Susana L" (sería una persona de nacionalidad Coreana que tiene un local en el Centro Comercial de la calle Avellaneda, y que tercerizaría en el taller aludido parte de su producción) tal como lo establece la 12.713 y en línea con el histórico precedente que sentó el juez federal Sergio Torres en el caso del taller de la calle Dean Funes 1760".

Rato después del arribo de los representantes de La Alameda al lugar para realizar el escrache anunciado, apareció un tal Alfredo Ayala, quien se presentó como "representante de la comunidad boliviana". Por medio de un celular pidió que le "mandaran gente". Diez minutos más tarde comenzaron a arribar varios grupos de personas hasta completar unos cien manifestantes. Los hombres empezaron a hostigar a los representantes de la Alameda, los cuales optaron por retroceder hasta su cede distante unas dos cuadras. Mientras los manifestantes se replegaban hasta Directorio y Lacarra, Gustavo Vera fue brutalmente agredido.

Repudiamos este nuevo ataque contra La Alameda y nos solidarizamos con los ciudadanos agredidos en el hecho, los cuales, debido a las heridas sufridas debieron ser atendidos en el hospital Piñero.

Un vez más, los que intentan evidenciar una situación aberrante haciendo las denuncias correspondientes, reciben la violencia de los bárbaros que actúan amparados por un contexto de impunidad que mueve al asombro.

Carlos Davis

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh - Infobae - Notifé - Crítica