La causa se había iniciado en el mes de mayo pasado ante una denuncia realizada por un testigo de identidad reservada. En la misma se sostenía que en el taller de la calle Dean Funes 1754/60 se sometía a un grupo de unos cincuenta trabajadores indocumentados (en su mayoría bolivianos) a largas y penosas condiciones de labor, realizadas en un ámbito de trabajo precario, el cual no reunía las condiciones mínimas de higiene y salubridad que ordenan las leyes laborales.

Los costureros dormían y comían en el lugar, recibiendo además tratos abusivos y violentos, indignos a la condición humana.

El juez Torres pudo comprobar que los costureros apenas recibían una paga de 600 $ a 800 $ por las largas jornadas de trabajo. "Tales condiciones (consignó entonces el juez) conformarían un estado de sometimiento y cosificación de las víctimas propio de la situación de servidumbre", que reprime el Código Penal.

Para el magistrado, el hecho de trabajar con obreros indocumentados facilitaba la tarea de sometimiento encarada por Ki Sum Kim y por Eloy René Chuca Aduviri. Los costureros temían abandonar el taller pensando que los sujetos los harían detener por ser ellos inmigrantes ilegales.

El fallo según "La Alameda"

En su momento el fallo del Juez Sergio Torres había sido recibido con algarabía por los integrantes de la Fundación La Alameda, ya que según su referente, Gustavo Vera, "...por primera vez se aplica como corresponde la ley de trabajo a domicilio y se contempla la asistencia a las víctimas del trabajo forzoso. El Juez Torres no sólo procesa al capataz del taller Eloy Chuca Aduviri, sino también al máximo responsable, el fabricante Ki Sum Kim, por los delitos de violación a la ley de migraciones, reducción a la servidumbre y a la ley de trabajo a domicilio"; y lo más importante, dispone la confiscación de las maquinarias a fin de que los costureros continúen trabajando.

Carlos Davis

Fuente: Gustavo Vera (gustavovera64@hotmail.com) - La Alameda (asambleaparqueavellaneda@hotmail.com - TE: 4115-5071) - Telam