SANCIÓN EJEMPLAR
CONTRA UN EXPLOTADOR
Un juez como
la gente
05/09/2008
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Mientras un
proyecto de ley enviado al Congreso Nacional por el
Ejecutivo apunta a "ablandar" la ley de trabajo a domicilio
tornándola más laxa y permisiva, un Juez Federal, el Dr.
Sergio Torres, dictó un fallo ejemplar al procesar al dueño
de un taller de funcionamiento irregular y al fabricante que
contrataba sus servicios. Además de ordenar el embargo de
bienes de ambas personas (por una cifra que rondaría el
millón de pesos), dispuso la confiscación de todas las
máquinas del taller referido con la intención de permitir la
continuidad laboral de los costureros afectados.
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“Con el falso argumento de
que la ley 12.713 (trabajo a
domicilio) es obsoleta y que
por ello habría tantos
talleres clandestinos, se
pretende llevar adelante una
reforma que no sólo
multiplicará los talleres
clandestinos sino que
también garantizará la
impunidad de las marcas”,
señaló Gustavo Vera vocero
de la fundación La Alameda. |
Este comentario fue
realizado hace apenas unos días atrás, en oportunidad de
presentarse el proyecto de ley que eliminaría la
responsabilidad que las marcas tienen al tercerizar su
producción en talleres de dudoso funcionamiento,
generalmente carentes de las condiciones mínimas de
seguridad e higiene, y en los cuales muchas veces se somete
a los costureros empleados a interminables jornadas a cambio
de unos pocos pesos. Esto es, dicho en palabras llanas,
practicar la reducción a la servidumbre.
En este contexto el
fallo del Juez Sergio Torres fue recibido con algarabía por
los integrantes de la Fundación La Alameda, ya que según su
referente, Gustavo Vera, "...por primera vez se aplica como
corresponde la ley de trabajo a domicilio y se contempla la
asistencia a las víctimas del trabajo forzoso. El Juez
Torres no sólo procesa al capataz del taller Eloy Chuca
Aduviri, sino también al máximo responsable, el fabricante
Ki Sum Kim, por los delitos de violación a la ley de
migraciones, reducción a la servidumbre y a la ley de
trabajo a domicilio".
El Juez Torres además
dispuso el embargo de un millón de pesos a cada uno de los
implicados, y lo más importante, dispone la confiscación de
las maquinarias a fin de que los costureros continúen
trabajando.
"El Juez nos ha dado
tres días, en nuestra calidad de querellantes, para proponer
á quien se hará depositario judicial de la maquinaria y en
que espacio físico se desarrollará la actividad. Nosotros
propondremos que el INTI se haga responsable de las mismas,
así como también de la reorganización laboral", apuntó
Vera.
Para concluir, el lider
de la Alameda nos dejó una frase que sintetiza y engloba el
trasfondo de la cuestión: "La ley de trabajo a
domicilio, esa misma ley que según el Ministro Tomada es
vetusta, aplicada como corresponde hace justicia". Más que
pensar en su reemplazo las autoridades deberían asegurar su
cumplimiento.
Carlos Davis
Fuente: Gustavo Vera
(gustavovera64@hotmail.com)
- La Alameda (asambleaparqueavellaneda@hotmail.com
- TE: 4115-5071)