POLÉMICO FALLO DEL JUEZ OYARBIDE

Esclavitud: una cuestión cultural

19/05/2008 - Por medio de un polémico fallo, el juez federal Norberto Oyarbide, sobreseyó a los propietarios de una importante empresa de indumentaria (SOHO) involucrada en casos de "talleres clandestinos" y "trabajo esclavo" con el argumento de que esa modalidad de trabajo constituye una “costumbre ancestral” propia de la cultura de los pueblos del Altiplano. El diputado de la Legislatura Juan Cabandié (Frente para la Victoria) y la diputada nacional Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) presentaron proyectos en los que se repudia este punto de vista.

El titular de la Cooperativa La Alameda, Gustavo Vera, manifestó que se está evaluando la realización de una denuncia por discriminación, al tiempo que impulsaría (por segunda vez) el juicio político a Oyarbide en el Consejo de la Magistratura. Esta medida se complementaria con la apelación del polémico fallo.

Mientras el Gobierno porteño continúa con sus operativos para desmantelar los talleres textiles ilegales (recordamos el operativo realizado la semana pasada por la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, en el cual se desmanteló hoy un taller en la calle Bermudez 776), el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a los responsables de la empresa SOHO que contrataba inmigrantes indocumentados para realizar parte de su producción.

En un fallo que quedará para la historia, el juez argumentó que ese sistema de explotación sería una herencia "de las costumbres y pautas culturales" de los pueblos del Altiplano boliviano, lugar de donde proviene la mayoría de los operarios contratados por los talleres clandestinos.

La respuesta no se hizo esperar. La Cámara Federal porteña aceptó el recurso de apelación presentado por la Cooperativa La Alameda, el cual sustentaría su postura en un documento que prepara el Departamento de Antropología de la UBA. En dicho documento se explica que la explotación de personas no es una costumbre ancestral en Bolivia.

En su polémico fallo Oyarbide sobreseyó a Nelson Alejandro Sánchez Anterino, Gabina Sofía Verón y Hermes Raúl Provenzano, directivos de la empresa Gilmar SA (que comercializa la marca SOHO), la cual habría contratado a extranjeros indocumentados para realizar parte de su producción. Esta se lograba tercerizándola en talleres clandestinos en los cuales se reducía a los operarios a una condición de servidumbre.

Los directivos de Soho habrían violado el artículo 117 de la ley de Migraciones que dice que: “será reprimido con prisión o reclusión de uno a seis años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros” con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio”.

Carlos Davis