A CONFESIÓN DE
PARTES, RELEVO DE PRUEBAS
"Quieren
legalizar la esclavitud"
18/02/2008
- Gustavo Vera,
presidente de la "Fundación La Alameda" nos describe de
manera directa la forma en que las grandes marcas de
indumentaria pretenden "legalizar" el llamado trabajo
esclavo. A través de una modificación (que se encuentra en
estudio) a la "Ley de Trabajo a Domicilio" se pretende
desvincular a las empresas líderes de la responsabilidad que
les cabe en cuanto a la tercerización de su producción. Con
la actual normativa las marcas son las que deben responder
por la calidad del trabajo que se desarrolla en los talleres
que contratan para realizar su producción.
![](../../2007/junio/imagenes/vera.jpg) |
Gustavo Vera
nos muestra en esta nota la forma en que las empresas
líderes no sólo admiten que la mayor parte de la producción
de sus marcas se realiza en talleres que trabajan
clandestinamente, sino que además solicitan que se modifique
la normativa para declarar legal lo que hoy está
vergonzosamente fuera de la ley... |
El relato de Gustavo Vera
comienza diciendo: Desde
hace dos años es de público
conocimiento que hay 85
grandes marcas denuncias por
la Defensoría del Pueblo, el
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Alameda
por basar su producción en
talleres clandestinos que
violan la ley de
migraciones, la ley de
trabajo a domicilio,
llegando en muchos casos a
configurar el delito de
reducción a la servidumbre y
a violar las convenciones
internacionales que prohíben
la trata y el trafico de
personas con fines de
explotación laboral.
El diciembre
pasado, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de 14
talleristas por todos estos delitos y ordenó a Oyarbide
investigar a las empresas que se beneficiaban económicamente
de los mismos.
Simultáneamente el fiscal Federal Patricio Evers le imputa
todos los delitos señalados a los dueños de la marca SOHO y
sugiere a Oyarbide que los cite a declaración indagatoria.
En este
contexto se desarrolló una reunión de las cámaras de la
indumentaria, encabezadas por Ignacio De Mendiguren con el
Ministro de Economía, Martín Losteau, la Viceministra de
Trabajo, Noemí Rial y el secretario de Industria, Fernando
Fraguío.
Los
empresarios del sector reclamaron protección ante las
importaciones chinas presentes y futuras. Sin embargo, lo
mas notorio de la reunión fue la insólita declaración de
Mendiguren en donde afirma que el 78% de los trabajadores
del sector está en negro. Expresado de otra manera, De
Mendiguren se sentó frente a los más altos funcionarios
responsables velar por el cumplimiento de las leyes que
viola su sector y le declaro la gravedad de sus reiteradas
faltas.
Parece que
evadir impuestos, tener trabajadores en negro, en algunos
casos reducidos a la servidumbre y esclavitud y victimas de
trata y tráfico de personas, no contar con las condiciones
de higiene y seguridad, etc. no es un delito en el sector de
la indumentaria porque ningún funcionario público se
asombró, ni ordenó la investigación judicial de la mayoría
de los empresarios que se niegan a ser auditados por el INTI,
a excepción de Noemí Rial que deslizó al pasar que los
empresarios no pueden presentarse ante Economía "a pedir
beneficios a su actividad cuando tienen a trabajadores en
condiciones de esclavitud".
Sin embargo,
fue la misma Rial la que les prometió a los empresarios
presentar en quince días "una normativa que modifique
integralmente la actual ley de trabajo a domicilio que data
de 1945" que está elaborando junto a dos técnicas del Banco
Mundial.
No sólo no los
investiga por sus delitos, sino que les promete cambiar la
ley que ellos abiertamente dicen violar. Como en el sector
no se cumple, ni se intenta cumplir con la ley gracias al
débil de control por parte del Gobierno, lo mejor para los
participes de la reunión es modificar la ley, así
rápidamente se reduce el numero de infractores a la misma.
Esto seria tan
ilógico como en pos de mejorar la seguridad vial se busque
reducir el número de infracciones de transito por superar la
velocidad máxima, simplemente aumentando el límite de
velocidad.
Con la
modificación de la ley los empresarios pretenden zafar de su
solidaridad penal y económica para con los talleres
clandestinos en los cuales tercerizan su producción. De esta
manera pretenden deslindarse totalmente de los delitos que
se comente para producir los productos que comercializan
como si ellos no fueran instigadores de dichos delitos.
Pero esto no
termina ahí, paralelamente a esta "creativa" propuesta que
elaboró la Cámara de la Indumentaria de Bebés y Niños y que
el Ministerio de Trabajo no ha rechazado públicamente, sino
que prometió incorporar a su nueva ley, los empresarios
intentan imponer una nueva flexibilización laboral para el
sector solicitando reducción de aportes patronales, imponer
sistemas superadores (para ellos) que reemplacen a la
clásica indemnización por despido y para redondear el
panorama quieren declarar una emergencia ocupacional del
sector que les permitirá que los talleres clandestinos
justifiquen sus indignantes condiciones de trabajo.
Los esperables
resultados de prosperar estas propuestas serán:
1)
Imposibilidad de responsabilizar económica o penalmente a
las marcas de indumentaria por los delitos que ellos
instigan y que se comenten para producir sus productos.
2) Reducir a
la mínima expresión las posibilidades de ejercer presión
inspectiva sobre los talleres clandestinos, lo que seria una
forma de justificar la inacción de las autoridades
responsables y al mismo tiempo reducir el riesgo que supone
tener una cadena de producción totalmente en negro.
3) Las
condiciones de trabajo empeorarán dado que se les extenderá
la impunidad (que en la actualidad es enorme) a empresarios
que no dudan en someter hasta el límite a trabajadores con
tal de obtener ganancias extraordinarias, justificando su
accionar por la amenaza de la importación china lo cual no
nada que ver con esta problemática.
4) Desalienta
a los talleres y empresarios que tímidamente comienzan
blanquear su actividad, reforzando la filosofía argentina de
que quien cumple la ley es un tonto, o al menos no es tan
"inteligente" como de Mendiguren y sus representados.
En definitiva,
si las marcas no dudaron en utilizar trabajo esclavo
teniendo responsabilidad económica y penalmente solidaria
con sus talleres esclavistas y clandestinos, difícilmente lo
hagan con este nuevo premio a la irresponsabilidad social
empresaria y mucho menos con dirigentes como los que tienen.
Cualquier
modificación de la ley de trabajo a domicilio, implica, en
primer lugar, sancionar como corresponde a los que
abiertamente dicen violarla, y, en segundo lugar, sentar en
una misma mesa en el Ministerio de Trabajo a los actores que
han revelado crudamente esta problemática: la Defensoría del
Pueblo, la Organización Internacional para las Migraciones,
el INTI y a los trabajadores del sector.
Nada tiene que
hacer allí el Banco Mundial que sostiene relaciones carnales
con empresas como Nike o Microsof, pioneras en el mundo en
el trabajo esclavo en el sudoeste asiático. Mientras tanto,
el Ministerio de Economía debe intervenir sobre la perversa
estructura de costos donde camperas que se comercializan a $
400 , son pagadas por su confección al tallerista $ 15 y al
costurero que realmente la confecciona $1,5.
Por su parte,
el gobierno, para proteger los derechos humanos y laborales
de todos los costureros debe obligar a todas las empresas
del sector que se dejen auditar por el INTI en el marco del
programa de responsabilidad social compartida que prevé
fiscalizar toda la cadena de valor y certificar solamente a
aquellos empresarios que se ajustan a derecho.
La
industrialización del país no puede basarse en el trabajo
esclavo y la precarización. Las leyes de 1945 pueden ser
antiguas, pero son infinitamente superiores a las de 1812,
cuando aún no se había abolido la esclavitud y a la que el
Virrey De Mendiguren pretende llevarnos".
Gustavo Vera
Presidente de la Fundación La Alameda
Nota:
Mario Ganora (abogado de la Defensoría del Pueblo), Ariel
Liutier (ex subsecretario de Trabajo), Alejandro Pereyra (ex
subsecretario de Trabajo), Rodolfo Yanzòn (Fundacion Liga
Argentina por los Derechos del Hombre) y Néstor Escudero
(Unión de Trabajadores Costureros) son algunos socios
pioneros de la Fundación.