UN PROYECTO ANULARÍA LA RESPONSABILIDAD DE LAS GRANDES MARCAS

Una ley que favorece la esclavitud

27/08/2008 - Un proyecto de ley que reformaría la legislación laboral en lo atinente al "trabajo a domicilio" podría causar un efecto contrario al "teóricamente" buscado. Mientras el Gobierno Nacional anunció que la reforma es “una medida para terminar con el trabajo esclavo”, desde la ONG "La Alameda" aseguran que la propuesta gubernamental multiplicará los talleres clandestinos y garantizará la “impunidad de las marcas”. Según la legislación actual, "las marcas" son responsables de los talleres donde se realiza la producción, aunque esta se encuentre "tercerizada".

“Con el falso argumento de que la ley 12.713 es obsoleta y que por ello habría tantos talleres clandestinos, se pretende llevar adelante una reforma que no sólo multiplicará los talleres clandestinos sino también garantizará la impunidad de las marcas”, señaló Gustavo Vera vocero y referente de la fundación La Alameda.

“Hoy, en Europa y en Estados Unidos se buscan reformas a las leyes que tengan una visión integral de las cadenas de producción, como la tiene la actual ley argentina”, agregó Vera, quien a la vez sostuvo que fue la falta de vigilancia y cumplimiento de la ley de trabajo a domicilio y no su antigüedad, la que permitió la proliferación de talleres clandestinos, la trata y el tráfico de personas y el trabajo esclavo.

Para Vera, el nuevo proyecto causará un aumento en el número de talleres clandestinos, ya que, en la ley vigente, el tallerista tiene un doble carácter, como patrón de los costureros y empleado de las marcas. Por lo tanto, actualmente en cada taller, las marcas son doblemente responsables, tanto en lo atinente a las condiciones laborales como en lo referente a la situación penal.

Según Vera, esa doble responsabilidad de las marcas, que no está contemplada en el Proyecto que el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso, es esencial para asegurar mejores condiciones laborales. La madre del trabajo esclavo es, justamente, la fijación unilateral de precios por parte de los fabricantes. “Por cada 100 pesos que sale una prenda, el tallerista recibe 3,25 y el costurero 1,89, quedando el grueso de la ganancia para los fabricantes”, explicó Vera. De esta manera, el fabricante explota al tallerista, pero además, en el mismo acto, lo convierte en explotador de los costureros. “Todo eso deriva en la superexplotación en condiciones indignas de los trabajadores y en los casos extremos, en la esclavitud lisa y llana”, afirmó.

En un comunicado dado a conocer ayer por La Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros señalaron: “En lugar de avanzar hacia mayores y mejores mecanismos de coordinación económica por parte del Estado, el proyecto del Gobierno desregula la relación entre talleristas y fabricantes, al convertir a los talleristas en Pymes independientes de las marcas, dejando impune a las marcas por los lugares que escoge para su producción y a la vez desprotegiendo a los trabajadores que deberán litigar en los fueros laborales con talleristas, en su mayor parte, insolventes”.

El 10 de marzo pasado, la ONG presentó un documento, en el que se cuestionaba duramente el proyecto y se sugería reforzar el poder de policía para hacer cumplir la legislación vigente.

La Alameda, integrada por especialistas en derechos humanos y laborales, como Rodolfo Yanzón y Alejandro Pereyra, denunció penalmente a 85 grandes marcas de ropa por basar su producción en talleres clandestinos. En más de 40 denuncias los acompañó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo.