El problema de los talleres clandestinios es evidente: aquello que no se ve, que no se declara, no existe formalmente, razón por la cual las leyes que regulan el trabajo y dan derecho a los trabajadores están virtualmente incumplidas.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el juzgado federal del Dr. Norberto Oyarbide tomaron intervención en el hecho tramitándose en la actualidad una megacausa contra la esclavitud y trata de personas.

Durante el encuentro, Gustavo Vera de la Unión de Trabajadores Costureros "La Alameda" sostuvo que “las leyes están pero no se cumplen” por lo que no hay que hablar más de “vacío legal como una excusa o un justificativo”. Luego, agregó que se debe entender que esta realidad tiene múltiples responsables: Por caso, siempre según Vera, “los controles de la Policía sobre el trabajo a domicilio no existen” porque “la Policía recibe coimas de los mismos tallleres”. Además, mencionó el estado de las distintas causas judiciales abiertas, en muchas de las cuales la Cooperativa que él representa actúa como querellante.

Más tarde, Pablo Bergel, Director de Comunicaciones del INTI comentó que el organismo al que pertenece “creó un instrumento voluntario integrador y diferenciador que es la certificación”. Así, según la propuesta del INTI, el Gobierno de la Ciudad “debería firmar un convenio en el que se comprometa a comprarle indumentaria solamente a empresas certificadas”.

Finalmente, el cierre estuve a cargo de Torcuato Sozio, referente de Empleo de la Fundación Creer y Crecer, quien prometió “la continuidad del trabajo que los distintos actores vienen realizando a partir de compartir que se trata de un tema sumamente sensible”.

Carlos Davis

Fuente: Fundación Creer y Crecer