Los talleres denunciados estaban ubicados en Laguna 940, E. Garzón 3853, Portela 1251, Ramón L. Falcón 3175 y Rafaela 3745.

Juan Carlos Salazar Nina y Remedios Flores son los dueños o encargados responsables de los talleres ubicados en Laguna 940 y E. Garzón 3853. En estos talleres habitaban y trabajaban personas, muchas de ellas residentes ilegales, incluidos menores de edad, en una situación al menos análoga a la esclavitud.

En una primera instancia los trabajadores, al parecer amedrentados por el abogado de Salazar Nina, habían declarado conformidad por el trato brindado por Salazar, e incluso comentaron que las amenazas recibidas habían partido de Gustavo Vera de La Alameda.

El Cónsul de Bolivia, en su declaración, aseguró tener conocimiento de la situación paradojal, comentando que según su impresión los trabajadores habían sido presionados para desmentir las acusaciones contra Salazar Nina.

Julio Parisaca Cocarico fue detenido como responsable del taller sito en Portela 1251.

Sung Ho Han, Han Ki Gone, Kim Ki Ja y Park Sun Keun fueron detenidos en el interior de la finca sita en Ramón Falcón 3175. Se les imputa haber reducido o mantenido en servidumbre a las personas que desempeñaban sus tareas en el mencionado lugar y promover o facilitar el tráfico ilegal y la permanencia de personas en la República Argentina.

Esteban Mario Lucana Choque es imputado como responsable del taller que funcionaba en la calle Rafaela 3745, al igual que Raúl Poma Poma, Lucio Huaca Calisaya y Martín Fernández Llanos.

Fundamentos y causales

Muchos de los trabajadores que desempeñaron sus labores en los talleres allanados fueron traídos desde su país de origen con la promesa de empleo y buenos salarios, incluso en dólares. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta, encontrándose de pronto en un país extraño, bajo el imperio de quien los había traído o hechos traer, amenazados de ser deportados (según podían imaginar) debido a su situación ilegal en el país, hacinados junto a muchos otros connacionales y sin dinero ni posibilidades de irse de los lugares en donde se alojaban.

Frente a tal situación difícilmente puedan percibir, y menos aún admitir, las condiciones a los que eran sometidos, las graves faltas de higiene, de salubridad, el peligro que significa para ellos -y sus familias- permanecer en tales situaciones, y en definitiva, la explotación a la que estaban siendo sometidos.

No obstante ello, la gran mayoría de los testimonios han reflejado (aún sin ellos pretenderlo sino como algo que podrían pensar "normal") las extensas jornadas laborales a las que se sometían, prácticamente en todos los casos superiores a las doce horas, los ínfimos salarios que percibían (ninguno de los cuales llega ni siquiera de cerca al límite de indigencia), la omisión de realizar los aportes sociales correspondientes, de brindarles una obra social, de facilitarles el acceso a un sindicato, de reconocerles vacaciones, y demás derechos que todos los trabajadores (nacionales o no) merecen.

De acuerdo al análisis realizado luego de la investigación, el juez Oyarbide dispuso que no hubiera prisión preventiva para ninguno de los imputados, si en cambio ordenó que dentro de los primeros cinco días de cada mes los involucrados comparezcan ante la Gendarmería Nacional con el fin de probar su permanencia en el territorio y su buena disposición con el proceso.

Los embargos

El juez Oyarbide definió también el monto de los embargos a aplicar a cada uno de los implicados:

 Salazar Nina y su mujer, tres millones y medio de pesos-

 Sung Ho Han, Han Ki Gone y Kim Ki Ja, cinco millones de pesos a cada uno de ellos.

 Park Sun Keu, cincuenta mil pesos.

 Esteban Mario Lucana Choque, Raúl Poma Poma, Lucio Huaca Calisaya y Martín Fernández Llanos, un millón y medio de pesos.

 Julio Parisaca Cocarico, dos millones y medio de pesos.

En todos los casos, a fin de evitar que la imposición de los embargos sea meramente ilusoria, habrá de disponerse la afectación de las máquinas, ropa y telas secuestradas en cada uno de los lugares para su satisfacción.

 Carlos Davis

Fuente: Fallo completo del Dr. Oyarbide donde procesa a 11 talleristas por reducción a la servidumbre y violación a la ley de migraciones.