La agencia de noticias Télam nos informa que cuatro militares uruguayos detenidos en ese país por violaciones a los derechos humanos fueron notificados hoy del pedido de la Justicia argentina para que declaren sobre su actuación en un centro clandestino que funcionó en Buenos Aires durante la última dictadura.

Se trata de José Gavazzo, Ricardo Arab, Luis Maurente y Ernesto Soca, quienes fueron convocados por el juez Julio Olivera Negrín para notificarles el pedido del magistrado argentino Norberto Oyarbide.

Oyarbide había enviado el pedido de extradición de los militares uruguayos porque los vincula con el ex represor argentino Eduardo Ruffo, un ex agente de la Side, detenido el año pasado, quien había participado además en la organización Triple A.

Oyarbide solicitó la medida en el marco de la causa que investiga la desaparición de María Claudia García, nieta del poeta Juan Gelman.

García fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 y llevada al centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti y luego trasladada a Montevideo, donde nació su hija.

Los cuatro militares retirados tienen además otros pedidos de extradición librados por otros dos jueces en la Argentina: Guillermo Montenegro y Daniel Rafecas, quienes investigan delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Por su parte, el portal "El Comercio" de la localidad bonaerense de Tigre, publicó en su edición digital la siguiente novedad:

Indemnizan a una abuela por su nieta no nacida

La Corte Suprema reconoció a una mujer, Elvira Berta Sánchez, cuya hija Ana fue asesinada durante el último gobierno militar cuando estaba embarazada, el derecho a cobrar una indemnización por la muerte de su nieta, que no había llegado a nacer.

El fallo de la Corte es el primero en materia de desaparecidos que alcanza a un feto no nacido y abre la puerta a los herederos de mujeres embarazadas que fueron secuestradas y cuyo embarazo se vio frustrado. Según un informa de la organización Human Rights Watch de 2001, más de 240 niños no nacidos corrieron esa suerte.

La Justicia ya había ordenado, hace tres años, pagar una indemnización por la muerte de la hija. Pero ahora se le reconoce a la abuela el derecho a otra suma por la muerte de la nieta.

Ana del Carmen Pérez fue secuestrada en septiembre de 1976; estuvo secuestrada en los centros de detención de Automotores Orletti y Campo de Mayo, y finalmente fue asesinada con varios disparos en el vientre cuando su hija estaba por nacer. Su cuerpo fue arrojado a un canal de San Fernando, en un tambor de cemento.

 Carlos Davis