El estudio estuvo realizado con el propósito de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) desde la perspectiva de la sociedad civil. En este sentido abarcó la problemática de los talleres clandestinos y la precarización del sector de la confección dentro de la industria de indumentaria.

De acuerdo a la información obtenida, podemos anticipar lo siguiente:

 Se estima que la industria de indumentaria representa el 25% del trabajo no registrado en el país, especialmente por el sector de la confección.

 Hay un alto grado de tercerización en la confección y falta de control por parte del Estado.

 El 80% de la industria está representado por pymes de entre 5 y 7 empleados, con alto grado de informalidad en el trabajo

 Se trata de un sector que registró un movimiento en el comercio de las prendas por u$s 5.000 millones en 2005.

No hay estadísticas acerca de los talleres intermediarios que sostienen la industria y que conforman un amplio espectro del sector. Son indispensables en la cadena de valor y “son incontrolables” según la mayoría de los entrevistados.

Al respecto, el INTI es el organismo que ha demostrado un real interés e intercomunicación con todos los actores para lograr un cambio y está desarrollando la certificación de Comportamiento Socialmente Responsable para las empresas que quieren diferenciarse.

La problemática de los talleres clandestinos está íntimamente ligada al tráfico y trata de personas.

Hay 130.000 inmigrantes bolivianos en esta situación, pero también un elevado nivel de trata interna, con denuncias de argentinos explotados al nivel de los bolivianos.

Dos leyes regulan las relaciones dentro de la cadena de valor: la Ley de Trabajo a Domicilio rige entre marcas-empresas y talleres (no se cumple), y la Ley de contrato de trabajo rige entre talleristas y sus empleados.

Existe una violación de protocolos internacionales en relación a los compromisos tomados por Argentina con las Naciones Unidas.

Y existió durante años un vacío legal respecto a los responsables de cada jurisdicción para llevar adelante la inspección de los talleres en función de la Ley de Trabajo a Domicilio. Recién en enero de este año se firmó un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, otorgando así toda la potestad de control sobre los talleres a la Ciudad.

Sin embargo, todavía está en evaluación de la Legislatura porteña y no hay coordinación entre las jurisdicciones ni clara supervisión para evitar el traslado de los talleres clandestinos luego de ser sancionados.

Los actores consultados coinciden en que las soluciones propuestas hasta el momento fueron “manotazos de ahogado” pero que no hubo una política integral. Y todos fueron capaces de afirmar que en el sector se conocen muy bien las mafias, por lo que señalan la necesaria connivencia del poder político argentino y boliviano en este sentido.

La Organización Internacional de Migraciones, el Inadi y la Defensoría del Pueblo lograron un trabajo conjunto de gran alcance, canalizando las denuncias y asistiendo a las víctimas del trabajo esclavo. Esto hizo que se posicionara el tema en la agenda pública y de gobierno.

El 60% de los casos de tuberculosis, que aumentó significativamente el último año, corresponde a bolivianos costureros que presentan casos muy avanzados. No se atienden por el temor a la denuncia y posterior clausura del taller donde trabajan.

Invitamos a la presentación del estudio que se realizará el próximo Martes 29 de mayo a las 11 hs, con la presencia de distintos actores de la cadena de valor de la industria de la indumentaria. El encuentro se realizará en la Unión de Trabajadores Costureros en Directorio 3998, barrio de Floresta.

Mariana Cremona
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