La presentación judicial alcanza también a la firma Textil Delos S.A., quien se encargaba de recibir trabajos de las marcas apuntadas y los realizaba en talleres clandestinos (Av. Cobo 1821, Av. Juan Bautista Alberdi 4619, Zelarrayán 1855, Magariños Cervantes 2839 y Martínez Plácido 2059) donde trabajadores extranjeros, generalmente indocumentados, desarrollaban su tarea bajo condiciones degradantes de higiene y seguridad laboral.

“Hay muchos talleres que se están mudando a otras jurisdicciones –explicó Rodríguez- y por eso hemos firmado convenios con La Nación y con la Provincia de Buenos Aires que deben ser ratificados por la Legislatura de la Ciudad, pero ya estamos trabajando en conjunto.”

El Ministro también anticipó la conformación de una cooperativa de trabajo que pudiera recibir y emplear a todos los trabajadores cuyo ingreso se vea suspendido debido al cierre de los talleres clandestinos donde venían desempeñando su labor.

La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, informó por su parte que la entidad que encabeza viene trabajando mancomunadamente con la Subsecretaría de Trabajo, con el Ministerio de Producción y con la Cooperativa La Alameda “para lograr el desbaratamiento de esta modalidad de trabajo basada en la explotación que ofende los derechos humanos y que permite mantener los precios bajos en el rubro textil.”

Gustavo Vera, titular de la Unión de Costureros dijo: “una prenda que se vende al público en $120 se le paga $4 pesos al tallerista y sólo algunos centavos al operario. Esta tarea para desbaratar la red de producción ilegal debe seguir a fin de lograr que la gente trabaje en condiciones dignas y que cese la evasión impositiva”.

Cabe recordar que anteriormente el Gobierno porteño había denunciado ante la justicia y por motivos similares a las empresas Kowsef S.A. (Kosiuko), Check S.A. (Cheeky) y Gilmer S.A. (Soho).

Desde enero de 2006 se recibieron 2702 denuncias sobre talleres clandestinos, disponiéndose la clausura de 713 locales.