A CONFESIÓN DE PARTES, RELEVO DE PRUEBAS

"Quieren legalizar la esclavitud"

18/02/2008 - Gustavo Vera, presidente de la "Fundación La Alameda" nos describe de manera directa la forma en que las grandes marcas de indumentaria pretenden "legalizar" el llamado trabajo esclavo. A través de una modificación (que se encuentra en estudio) a la "Ley de Trabajo a Domicilio" se pretende desvincular a las empresas líderes de la responsabilidad que les cabe en cuanto a la tercerización de su producción. Con la actual normativa las marcas son las que deben responder por la calidad del trabajo que se desarrolla en los talleres que contratan para realizar su producción.

Gustavo Vera nos muestra en esta nota la forma en que las empresas líderes no sólo admiten que la mayor parte de la producción de sus marcas se realiza en talleres que trabajan clandestinamente, sino que además solicitan que se modifique la normativa para declarar legal lo que hoy está vergonzosamente fuera de la ley...

El relato de Gustavo Vera comienza diciendo: Desde hace dos años es de público conocimiento que hay 85 grandes marcas denuncias por la Defensoría del Pueblo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Alameda por basar su producción en talleres clandestinos que violan la ley de migraciones, la ley de trabajo a domicilio, llegando en muchos casos a configurar el delito de reducción a la servidumbre y a violar las convenciones internacionales que prohíben la trata y el trafico de personas con fines de explotación laboral.

El diciembre pasado, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de 14 talleristas por todos estos delitos y ordenó a Oyarbide investigar a las empresas que se beneficiaban económicamente de los mismos.

Simultáneamente el fiscal Federal Patricio Evers le imputa todos los delitos señalados a los dueños de la marca SOHO y sugiere a Oyarbide que los cite a declaración indagatoria.

En este contexto se desarrolló una reunión de las cámaras de la indumentaria, encabezadas por Ignacio De Mendiguren con el Ministro de Economía, Martín Losteau, la Viceministra de Trabajo, Noemí Rial y el secretario de Industria, Fernando Fraguío.

Los empresarios del sector reclamaron protección ante las importaciones chinas presentes y futuras. Sin embargo, lo mas notorio de la reunión fue la insólita declaración de Mendiguren en donde afirma que el 78% de los trabajadores del sector está en negro. Expresado de otra manera, De Mendiguren se sentó frente a los más altos funcionarios responsables velar por el cumplimiento de las leyes que viola su sector y le declaro la gravedad de sus reiteradas faltas.

Parece que evadir impuestos, tener trabajadores en negro, en algunos casos reducidos a la servidumbre y esclavitud y victimas de trata y tráfico de personas, no contar con las condiciones de higiene y seguridad, etc. no es un delito en el sector de la indumentaria porque ningún funcionario público se asombró, ni ordenó la investigación judicial de la mayoría de los empresarios que se niegan a ser auditados por el INTI, a excepción de Noemí Rial que deslizó al pasar que los empresarios no pueden presentarse ante Economía "a pedir beneficios a su actividad cuando tienen a trabajadores en condiciones de esclavitud".

Sin embargo, fue la misma Rial la que les prometió a los empresarios presentar en quince días "una normativa que modifique integralmente la actual ley de trabajo a domicilio que data de 1945" que está elaborando junto a dos técnicas del Banco Mundial.

No sólo no los investiga por sus delitos, sino que les promete cambiar la ley que ellos abiertamente dicen violar. Como en el sector no se cumple, ni se intenta cumplir con la ley gracias al débil de control por parte del Gobierno, lo mejor para los participes de la reunión es modificar la ley, así rápidamente se reduce el numero de infractores a la misma.

Esto seria tan ilógico como en pos de mejorar la seguridad vial se busque reducir el número de infracciones de transito por superar la velocidad máxima, simplemente aumentando el límite de velocidad.

Con la modificación de la ley los empresarios pretenden zafar de su solidaridad penal y económica para con los talleres clandestinos en los cuales tercerizan su producción. De esta manera pretenden deslindarse totalmente de los delitos que se comente para producir los productos que comercializan como si ellos no fueran instigadores de dichos delitos.

Pero esto no termina ahí, paralelamente a esta "creativa" propuesta que elaboró la Cámara de la Indumentaria de Bebés y Niños y que el Ministerio de Trabajo no ha rechazado públicamente, sino que prometió incorporar a su nueva ley, los empresarios intentan imponer una nueva flexibilización laboral para el sector solicitando reducción de aportes patronales, imponer sistemas superadores (para ellos) que reemplacen a la clásica indemnización por despido y para redondear el panorama quieren declarar una emergencia ocupacional del sector que les permitirá que los talleres clandestinos justifiquen sus indignantes condiciones de trabajo.

Los esperables resultados de prosperar estas propuestas serán:

1) Imposibilidad de responsabilizar económica o penalmente a las marcas de indumentaria por los delitos que ellos instigan y que se comenten para producir sus productos.

2) Reducir a la mínima expresión las posibilidades de ejercer presión inspectiva sobre los talleres clandestinos, lo que seria una forma de justificar la inacción de las autoridades responsables y al mismo tiempo reducir el riesgo que supone tener una cadena de producción totalmente en negro.

3) Las condiciones de trabajo empeorarán dado que se les extenderá la impunidad (que en la actualidad es enorme) a empresarios que no dudan en someter hasta el límite a trabajadores con tal de obtener ganancias extraordinarias, justificando su accionar por la amenaza de la importación china lo cual no nada que ver con esta problemática.

4) Desalienta a los talleres y empresarios que tímidamente comienzan blanquear su actividad, reforzando la filosofía argentina de que quien cumple la ley es un tonto, o al menos no es tan "inteligente" como de Mendiguren y sus representados.

En definitiva, si las marcas no dudaron en utilizar trabajo esclavo teniendo responsabilidad económica y penalmente solidaria con sus talleres esclavistas y clandestinos, difícilmente lo hagan con este nuevo premio a la irresponsabilidad social empresaria y mucho menos con dirigentes como los que tienen.

Cualquier modificación de la ley de trabajo a domicilio, implica, en primer lugar, sancionar como corresponde a los que abiertamente dicen violarla, y, en segundo lugar, sentar en una misma mesa en el Ministerio de Trabajo a los actores que han revelado crudamente esta problemática: la Defensoría del Pueblo, la Organización Internacional para las Migraciones, el INTI y a los trabajadores del sector.

Nada tiene que hacer allí el Banco Mundial que sostiene relaciones carnales con empresas como Nike o Microsof, pioneras en el mundo en el trabajo esclavo en el sudoeste asiático. Mientras tanto, el Ministerio de Economía debe intervenir sobre la perversa estructura de costos donde camperas que se comercializan a $ 400 , son pagadas por su confección al tallerista $ 15 y al costurero que realmente la confecciona $1,5.

Por su parte, el gobierno, para proteger los derechos humanos y laborales de todos los costureros debe obligar a todas las empresas del sector que se dejen auditar por el INTI en el marco del programa de responsabilidad social compartida que prevé fiscalizar toda la cadena de valor y certificar solamente a aquellos empresarios que se ajustan a derecho.

La industrialización del país no puede basarse en el trabajo esclavo y la precarización. Las leyes de 1945 pueden ser antiguas, pero son infinitamente superiores a las de 1812, cuando aún no se había abolido la esclavitud y a la que el Virrey De Mendiguren pretende llevarnos".

Gustavo Vera
Presidente de la Fundación La Alameda

Nota: Mario Ganora (abogado de la Defensoría del Pueblo), Ariel Liutier (ex subsecretario de Trabajo), Alejandro Pereyra (ex subsecretario de Trabajo), Rodolfo Yanzòn (Fundacion Liga Argentina por los Derechos del Hombre) y Néstor Escudero (Unión de Trabajadores Costureros) son algunos socios pioneros de la Fundación.